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Normativa model 720 (2)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos.


Artículo 42 bis. Obligación de informar acerca de cuentas en entidades
financieras situadas en el extranjero.
1. Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los
establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no
residentes y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, vendrán obligados a presentar una
declaración informativa anual referente a la totalidad de las cuentas de su
titularidad, o en las que figuren como representantes, autorizados o
beneficiarios, o sobre las que tengan poderes de disposición, o de las que sean
titulares reales conforme a lo señalado en el párrafo siguiente, que se
encuentren situadas en el extranjero, abiertas en entidades que se dediquen
al tráfico bancario o crediticio, a 31 de diciembre de cada año.
Dicha obligación también se extiende a quienes hayan sido titulares,
representantes, autorizados, o beneficiarios de las citadas cuentas, o hayan
tenido poderes de disposición sobre las mismas, o hayan sido titulares reales en
cualquier momento del año al que se refiera la declaración.
A estos efectos, se entenderá por titular real quien tenga dicha consideración
de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010,
de 28 de abril de 2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo, respecto de cuentas a nombre de las personas o
instrumentos a que se refiere el citado apartado 2, cuando éstos tengan su
residencia o se encuentren constituidos en el extranjero.
2. La información a suministrar a la Administración tributaria comprenderá:
a. La razón social o denominación completa de la entidad bancaria o de
crédito así como su domicilio.
b. La identificación completa de las cuentas.
c. La fecha de apertura o cancelación, o, en su caso, las fechas de
concesión y revocación de la autorización.
d. Los saldos de las cuentas a 31 de diciembre y el saldo medio
correspondiente al último trimestre del año.
La información a suministrar se referirá a cuentas corrientes, de ahorro,
imposiciones a plazo, cuentas de crédito y cualesquiera otras cuentas o
depósitos dinerarios con independencia de la modalidad o denominación que
adopten, aunque no exista retribución.
3. La información sobre saldos a 31 de diciembre y saldo medio
correspondiente al último trimestre deberá ser suministrada por quien tuviese la
condición de titular, representante, autorizado o beneficiario o tenga poderes
de disposición sobre las citadas cuentas o la consideración de titular real a esa
fecha.
El resto de titulares, representantes, autorizados, beneficiarios, personas con
poderes de disposición o titulares reales deberán indicar el saldo de la cuenta
en la fecha en la que dejaron de tener tal condición.
4. La obligación de información prevista en este artículo no resultará de
aplicación respecto de las siguientes cuentas:
a. Aquéllas de las que sean titulares las entidades a que se refiere el
artículo 9.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado, por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
b. Aquéllas de las que sean titulares personas jurídicas y demás entidades
residentes en territorio español, así como establecimientos permanentes
en España de no residentes, registradas en su contabilidad de forma
individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito y
sucursal en la que figuren abiertas y país o territorio en que se
encuentren situadas.
c. Aquéllas de las que sean titulares las personas físicas residentes en
territorio español que desarrollen una actividad económica y lleven su
contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio,
registradas en dicha documentación contable de forma individualizada
e identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal en la que
figuren abiertas y país o territorio en que se encuentren situadas.
d. Aquéllas de las que sean titulares personas físicas, jurídicas y demás
entidades residentes en territorio español, abiertas en establecimientos
en el extranjero de entidades de crédito domiciliadas en España, que
deban ser objeto de declaración por dichas entidades conforme a lo
previsto en el artículo 37 de este Reglamento, siempre que hubieran
podido ser declaradas conforme a la normativa del país donde esté
situada la cuenta.
e. No existirá obligación de informar sobre ninguna cuenta cuando los
saldos a 31 de diciembre a los que se refiere el apartado 2.d) no
superen, conjuntamente, los 50.000 euros, y la misma circunstancia
concurra en relación con los saldos medios a que se refiere el mismo
apartado. En caso de superarse cualquiera de dichos límites conjuntos
deberá informarse sobre todas las cuentas.
5. Esta obligación deberá cumplirse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del
año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar.
La presentación de la declaración en los años sucesivos sólo será obligatoria
cuando cualquiera de los saldos conjuntos a que se refiere el apartado 4.e)
hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto de los
que determinaron la presentación de la última declaración.
En todo caso será obligatoria la presentación de la declaración en los
supuestos previstos en el último párrafo del apartado 3 respecto de las cuentas
a las que el mismo se refiere.
Mediante orden ministerial se aprobará el correspondiente modelo de
declaración.
6. A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional decimoctava de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, constituyen distintos conjuntos
de datos las informaciones a que se refieren los apartados 2.a) y 2.b)
anteriores, para cada entidad y cuenta.
A estos mismos efectos, tendrá la consideración de dato cada una de las
fechas y saldos a los que se refieren los párrafos c) y d) del apartado 2 así
como el saldo a que se refiere el último párrafo del apartado 3, para cada
cuenta.
Artículo 42 ter. Obligación de información sobre valores, derechos, seguros y
rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero.
1. Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los
establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no
residentes y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, deberán suministrar a la Administración
tributaria, mediante la presentación de una declaración anual, información
respecto de los siguientes bienes y derechos situados en el extranjero de los
que resulten titulares o respecto de los que tengan la consideración de titular
real conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010,
de 28 de abril de 2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo, a 31 de diciembre de cada año:
i. Los valores o derechos representativos de la participación en cualquier
tipo de entidad jurídica.
ii. Los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios.
iii. Los valores aportados para su gestión o administración a cualquier
instrumento jurídico, incluyendo fideicomisos y trusts o masas
patrimoniales que, no obstante carecer de personalidad jurídica,
puedan actuar en el tráfico económico.
La declaración informativa contendrá los siguientes datos:
a. Razón social o denominación completa de la entidad jurídica, del
tercero cesionario o identificación del instrumento o relación jurídica,
según corresponda, así como su domicilio.
b. Saldo a 31 de diciembre de cada año, de los valores y derechos
representativos de la participación en el capital o en los fondos propios
de entidades jurídicas.
La información comprenderá el número y clase de acciones y
participaciones de las que se sea titular, así como su valor.
c. Saldo a 31 de diciembre de los valores representativos de la cesión a
terceros de capitales propios.
La información comprenderá el número y clase de valores de los que se
sea titular, así como su valor.
d. Saldo a 31 de diciembre de los valores aportados al instrumento jurídico
correspondiente.
La información comprenderá el número y clase de valores aportados,
así como su valor.
La obligación de información regulada en este apartado también se extiende
a cualquier obligado tributario que hubiese sido titular o titular real de los
valores y derechos a los que se refieren los párrafos b), c) y d) anteriores en
cualquier momento del año al que se refiera la declaración y que hubiese
perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año. En estos supuestos, la
información a suministrar será la correspondiente a la fecha en la que dicha
extinción se produjo.
2. Los obligados tributarios a que se refiere el apartado anterior deberán
suministrar a la Administración tributaria información, mediante la presentación
de una declaración anual, de las acciones y participaciones en el capital
social o fondo patrimonial de instituciones de inversión colectiva situadas en el
extranjero de las que sean titulares o respecto de las que tengan la
consideración de titular real conforme a lo previsto el apartado 2 del artículo 4
de la Ley 10/2010, de 28 de abril de 2010, de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo.
La información comprenderá la razón social o denominación completa de la
institución de inversión colectiva y su domicilio, así como el número y clase de
acciones y participaciones y, en su caso, compartimiento al que pertenezcan,
así como su valor liquidativo a 31 de diciembre.
La obligación de información regulada en este apartado 2 se extiende a
cualquier obligado tributario que hubiese sido titular o titular real de las
acciones y participaciones en cualquier momento del año al que se refiera la
declaración y que hubiese perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese
año. En estos supuestos, la información a suministrar será la correspondiente a
la fecha en la que dicha extinción se produjo.
3. Los obligados tributarios a que se refiere el apartado primero de este artículo
deberán suministrar a la Administración tributaria información mediante una
declaración anual sobre:
a. Los seguros de vida o invalidez de los que resulten tomadores a 31 de
diciembre de cada año cuando la entidad aseguradora se encuentre
situada en el extranjero, con indicación de su valor de rescate a dicha
fecha.
b. Las rentas temporales o vitalicias de las que sean beneficiarios a 31 de
diciembre, como consecuencia de la entrega de un capital en dinero,
de derechos de contenido económico o de bienes muebles o
inmuebles, a entidades situadas en el extranjero, con indicación de su
valor de capitalización a dicha fecha.
En los casos señalados en los párrafos a) y b) anteriores, se deberá identificar a
la entidad aseguradora indicando la razón social o denominación completa y
su domicilio.
4. La obligación de información prevista en este artículo no resultará exigible
en los siguientes supuestos:
a. Cuando el obligado tributario sea una de las entidades a que se refiere
el artículo 9.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado, por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo.
b. Cuando el obligado tributario sea una persona jurídica o entidad
residente en territorio español o cuando sea un establecimiento
permanente en España de no residentes, que tengan registrados en su
contabilidad de forma individualizada los valores, derechos, seguros y
rentas a que se refiere este artículo.
c. Cuando los valores a los que se refieren cada uno de los apartados 1.b),
1.c) y 1.d), el valor liquidativo a que se refiere el apartado 2, el valor de
rescate a que se refiere el apartado 3.a) y el valor de capitalización
señalado en el apartado 3.b), no superen, conjuntamente, el importe
de 50.000 euros. En caso de superarse dicho límite conjunto deberá
informarse sobre todos los títulos, activos, valores, derechos, seguros o
rentas.
5. Esta obligación deberá cumplirse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del
año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar.
La presentación de la declaración en los años sucesivos sólo será obligatoria
cuando el valor conjunto para todos los valores previsto en el apartado 4.c)
hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto del
que determinó la presentación de la última declaración.
En todo caso será obligatoria la presentación de la declaración en los
supuestos previstos en el último párrafo del apartado 1 y en el último párrafo
del apartado 2, respecto de los valores, derechos, acciones y participaciones
respecto de los que se hubiese extinguido la titularidad a 31 de diciembre.
Mediante orden ministerial se aprobará el correspondiente modelo de
declaración.
6. Las valoraciones a que se refieren los distintos apartados de este artículo
deberán suministrarse calculadas conforme a las reglas establecidas en la Ley
19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
7. A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional decimoctava de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, constituyen conjunto de datos
los relativos a la identificación y domicilio de cada una de las entidades
jurídicas, terceros cesionarios, instrumentos o relaciones jurídicas, instituciones
de inversión colectiva y entidades aseguradoras a que se refieren los
apartados 1.a), 2 y 3.
A estos mismos efectos, tendrá la consideración de dato cada una de las
informaciones exigidas en los apartados anteriores para cada tipo de
elemento patrimonial individualizado conforme a continuación se indica:
a. En el apartado 1.b), por cada clase de acción y participación.
b. En el apartado 1.c), por cada clase de valor.
c. En el apartado 1.d), por cada clase de valor.
d. En el apartado 2, por cada clase de acción y participación.
e. En el apartado 3.a), por cada seguro de vida.
f. En el apartado 3.b), por cada renta temporal o vitalicia.
También tendrá la consideración de dato cada uno de los saldos a que se
refieren el último párrafo del apartado 1, por cada clase de valor, y el último
párrafo del apartado 2, por cada clase de acción y participación.
Artículo 54 bis. Obligación de informar sobre bienes inmuebles y derechos
sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.
1. Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los
establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no
residentes y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, vendrán obligados a presentar una
declaración informativa anual referente a los bienes inmuebles o a derechos
sobre bienes inmuebles, situados en el extranjero, de los que sean titulares o
respecto de los que tengan la consideración de titular real conforme a lo
previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, a 31
de diciembre de cada año.
2. La declaración informativa contendrá los siguientes datos:
a. Identificación del inmueble con especificación, sucinta, de su tipología,
según se determine en la correspondiente orden ministerial.
b. Situación del inmueble: país o territorio en que se encuentre situado,
localidad, calle y número.
c. Fecha de adquisición.
d. Valor de adquisición.
3. En caso de titularidad de contratos de multipropiedad, aprovechamiento
por turnos, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, sobre bienes
inmuebles situados en el extranjero, además de la información señalada los
párrafos a) y b) del apartado anterior, deberá indicarse la fecha de
adquisición de dichos derechos y su valor a 31 de diciembre según las reglas
de valoración establecidas en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre
el Patrimonio.
4. En caso de titularidad de derechos reales de uso o disfrute y nuda
propiedad sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, además de la
información señalada en los párrafos a) y b) del apartado 2, deberá indicarse
la fecha de adquisición de dicha titularidad y su valor a 31 de diciembre según
las reglas de valoración establecidas en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del
Impuesto sobre el Patrimonio.
5. La obligación de información regulada en este artículo también se extiende
a cualquier obligado tributario que hubiese sido titular o titular real del
inmueble o derecho conforme a lo indicado en el apartado 1, en cualquier
momento del año al que se refiera la declaración y que hubiera perdido dicha
condición a 31 de diciembre de ese año. En estos supuestos, además de los
datos a que se refiere el apartado 2, la declaración informativa deberá
incorporar el valor de transmisión del inmueble o derecho y la fecha de ésta.
6. La obligación de información prevista en este artículo no resultará de
aplicación respecto de los siguientes inmuebles o derechos sobre bienes
inmuebles, situados en el extranjero:
a. Aquéllos de los que sean titulares las entidades a que se refiere el
artículo 9.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
b. Aquéllos de los que sean titulares personas jurídicas y demás entidades
residentes en territorio español, así como establecimientos permanentes
en España de no residentes, registrados en su contabilidad de forma
individualizada y suficientemente identificados.
c. Aquéllos de los que sean titulares las personas físicas residentes en
territorio español que desarrollen una actividad económica y lleven su
contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio,
registrados en dicha documentación contable de forma individualizada
y suficientemente identificados.
d. No existirá obligación de informar sobre ningún inmueble o derecho
sobre bien inmueble cuando los valores a que se refieren los apartados
2.d), 3 y 4 no superasen, conjuntamente, los 50.000 euros. En caso de
superarse dicho límite conjunto deberá informarse sobre todos los
inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles.
7. Esta obligación deberá cumplirse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del
año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar.
La presentación de la declaración en los años sucesivos sólo será obligatoria
cuando el valor conjunto establecido en el apartado 6.d) hubiese
experimentado un incremento superior al 20.000 euros respecto del que
determinó la presentación de la última declaración.
En todo caso será obligatoria la presentación de la declaración en los
supuestos previstos en el apartado 5, respecto de los inmuebles o derechos
respecto de los que se hubiese extinguido la titularidad a 31 de diciembre.
Mediante orden ministerial se aprobará el correspondiente modelo de
declaración.
8. A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional decimoctava de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, constituyen distintos conjuntos
de datos las informaciones a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado
2, en relación con cada uno de los inmuebles a los que se refiere dicho
apartado y en relación con cada uno de los inmuebles sobre los que se
constituyan los derechos a que se refieren los apartados 3 y 4.
A estos mismos efectos, tendrán la consideración de dato los siguientes:
a. Cada fecha y valor a que se refieren los párrafos c) y d) del apartado 2
en relación con cada uno de los inmuebles.
b. Cada fecha y valor a que se refiere el apartado 3, en relación con
cada uno de los derechos.
c. Cada fecha y valor a que se refiere el apartado 4, en relación con
cada uno de los derechos.
d. Cada fecha y valor de transmisión a que se refiere el apartado 5, en
relación con cada uno de los inmuebles.

 

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